El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha lanzado acusaciones contra la ministra Norma Piña, actual titular del Máximo Tribunal Constitucional, en medio de una investigación en su contra. En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar rechazó haber ejercido presión sobre ministros o magistrados para influir en decisiones judiciales, y expresó su preocupación por lo que considera una violación del principio de presunción de inocencia, así como de otros derechos fundamentales, por parte de las autoridades encargadas de salvaguardar el Estado de derecho.
Zaldívar acusa a Piña de participar en una «cacería de brujas con fines electorales», sugiriendo que la investigación en su contra está motivada por la intención de algunos sectores de la Corte de interferir en el proceso electoral y proteger sus privilegios ante posibles reformas al Poder Judicial.
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La investigación en cuestión, identificada como J/108/2024, fue iniciada por el Consejo de la Judicatura Federal y la propia Corte, y versa sobre posibles actos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito por parte de Zaldívar. Se le señala haber vulnerado la autonomía e independencia de operadores del sistema de justicia, presuntamente para satisfacer intereses personales o de terceros.
Según informes publicados en el medio Notitia Criminis, más de 50 jueces y magistrados habrían aceptado resolver casos en los sentidos indicados por Zaldívar, lo que ha generado una amplia polémica y el escrutinio público sobre la integridad del sistema judicial en México.
La respuesta de Zaldívar a estas acusaciones y su confrontación con la ministra Piña han avivado el debate sobre la imparcialidad y la transparencia en el Poder Judicial mexicano, en un contexto marcado por tensiones políticas y reformas propuestas que podrían reconfigurar su funcionamiento.
