CIUDAD DE MÉXICO.- Durante un foro sobre libertad de expresión, el investigador Francisco Valdés Ugalde calificó como un “error autoritario” que el gobierno federal intente definir qué es verdad a través de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, presentada en las conferencias matutinas.
Un Instrumento de Propaganda
Francisco Valdés Ugalde, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, fue contundente al señalar que la facultad de definir la verdad no le corresponde al Estado. “Le corresponde a la sociedad, a la ciencia, al periodismo, pero no al Estado”, afirmó durante su participación en el foro organizado por el Colegio Nacional.
El académico describió la sección gubernamental como un “instrumento de propaganda” que atenta directamente contra el periodismo y la libertad de expresión. Sostuvo que esta práctica representa una perversión del derecho de réplica, convirtiéndolo en un “tribunal de la difamación” operado desde el poder.
Riesgos de Estigmatización y Calumnia
El investigador advirtió que el objetivo de este ejercicio no es simplemente aclarar información, sino “descalificar, estigmatizar y, en algunos casos, calumniar” a quienes son señalados. Valdés Ugalde alertó que esta dinámica podría escalar hasta convertirse en un “estado de excepción”, donde el gobierno busque silenciar a sus críticos de manera sistemática, mencionando también el riesgo de incurrir en libelo, que es la imputación maliciosa de un delito.
El ‘Efecto Inhibidor’ en la Prensa
En el mismo evento, moderado por el periodista Héctor de Mauleón, el abogado constitucionalista Javier Cossío coincidió en la gravedad del asunto. Explicó que, si bien los funcionarios públicos tienen un umbral de protección a su honor más bajo por estar sujetos al escrutinio, las declaraciones desde el “pulpito presidencial” generan un “efecto inhibidor” en los medios y periodistas.
Cossío, citando criterios de la Suprema Corte, detalló que este efecto puede provocar autocensura por temor a las represalias o al señalamiento público. Calificó esta situación como “muy seria” para el sano funcionamiento de la democracia en el país.
Los expertos concluyeron que la sección presidencial, lejos de ser un ejercicio de transparencia, representa una amenaza para la libertad de prensa y el debate público, al utilizar recursos del Estado para imponer una única versión de los hechos y desacreditar a la crítica.
