A pesar de que ayer se dio a conocer un acuerdo entre SEGOB y La Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte para posponer el paro en carreteras, no fue así.
Desde las primeras horas de este 5 de febrero, alrededor de 150 mil transportistas han iniciado paros, protestas y bloqueos en carreteras a lo largo del país para denunciar la creciente inseguridad, la falta de autoridad, la corrupción en corralones estatales, grupos policíacos y las agresiones perpetradas por el crimen organizado.
Los bloqueos y movilizaciones, aunque generalizados, han tenido un impacto particularmente significativo en las autopistas de Querétaro, Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla y Veracruz. Los transportistas buscan ser escuchados y han solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación, proponiendo la formación de mesas de diálogo a partir del 6 de febrero.
Entre las vialidades afectadas se encuentran:
- Sinaloa: Carretera 15, entre las Brisas, Guamúchil y Guasave.
- Nayarit: Kilómetro 30, carretera México 15, de Tepic a Mazatlán, en el entronque Diego de San Blas.
- Hidalgo: Carretera México-Pachuca.
- Jalisco: Carretera México 54, en el lugar conocido como ‘El 40’, y carretera 80, entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.
- Guanajuato: De Irapuato a Guanajuato, pasando por San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.
- Veracruz: Aproximadamente 100 kilómetros en el límite con Tabasco, desde Acayucan hasta los límites con Tabasco.
- Querétaro: Principales afectaciones en el Arco Norte, kilómetro 90, en su cruce con la carretera 57, la México-Querétaro.
Adicionalmente, se reportan protestas en Chihuahua y Chiapas, siendo el Arco Norte el punto principal de concentración para los líderes de los transportistas.
Los transportistas denuncian más de 13 mil asaltos registrados en carreteras y autopistas federales el año pasado. Además, alertan sobre secuestros, asesinatos y desapariciones de choferes a manos de grupos criminales. Aseguran que la corrupción, incluso en la Guardia Nacional, es moneda corriente, exigiendo pagos de hasta 60 mil pesos por unidad a grupos policiales y corralones estatales.
