La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una sanción económica a la FMF tras determinar que el organismo omitió transparentar el uso de datos biométricos e implementó mecanismos deficientes para obtener el consentimiento de los aficionados.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó la aplicación de una penalización financiera en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por un monto total de 42 millones 849 mil 95 pesos. La sanción administrativa derivó de una serie de auditorías que comprobaron la transgresión a las normativas vigentes en materia de protección de datos personales durante la implementación del sistema digital «FAN ID». El órgano regulador del Estado determinó que el organismo rector del balompié nacional incurrió en faltas graves de transparencia técnica al operar la base de datos que resguarda la información de los asistentes a los recintos deportivos del país.
La resolución de la autoridad fiscalizadora fundamentó la multa en dos violaciones específicas al marco jurídico. La primera se centró en la omisión dentro del aviso de privacidad institucional sobre la recolección de fotografías faciales, las cuales entran en la categoría legal de datos personales sensibles. De acuerdo con el dictamen, esta falta de claridad impidió que los usuarios dimensionaran el alcance real del tratamiento de su identidad. La segunda infracción consistió en la ausencia de una firma o consentimiento expreso y por escrito para el manejo de dichos elementos biométricos, ya que la federación sustituyó este requisito legal con la habilitación de una casilla genérica de verificación en su portal web.
El «FAN ID» fue diseñado originalmente por los organismos deportivos como un código de identificación digital único, obligatorio y permanente, cuyo propósito era optimizar los filtros de acceso y reforzar la vigilancia interna en las tribunas de los estadios mexicanos. Tras la notificación del fallo, la Federación Mexicana de Futbol dispone de los plazos establecidos por la ley para promover los recursos de impugnación o juicios de nulidad pertinentes ante los tribunales correspondientes. Por su parte, la secretaría federal manifestó que sostendrá la validez de la sanción durante las etapas procesales subsecuentes para garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
