Ignacio Carrillo Prieto, destacado abogado y académico, falleció la mañana del 25 de agosto a los 77 años. Carrillo Prieto es recordado por su papel crucial como fiscal en los procesos judiciales contra Luis Echeverría por las masacres de Tlatelolco en 1968 y del Jueves de Corpus en 1971.
Carrillo Prieto cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Además, obtuvo una Licencia Especial en Derecho Social en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. A lo largo de su carrera como jurista y académico, mantuvo un estrecho vínculo con la UNAM, donde en 1979 ocupó el cargo de Director de Asuntos Jurídicos, y de 1981 a 1983 se desempeñó como Abogado General.
Durante el gobierno de Vicente Fox, fue nombrado titular de la recién creada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). En febrero de 2002, bajo su liderazgo, se inició una investigación por parte de la entonces Procuraduría General de la República para esclarecer las matanzas, lo que llevó a que Luis Echeverría y el general retirado Luis Gutiérrez Oropeza, Jefe del Estado Mayor Presidencial, fueran citados a declarar. Aunque ambos se acogieron a su derecho constitucional y no declararon en su contra, fue la primera ocasión en que un expresidente fue interrogado por un fiscal por su posible implicación en las masacres.
Carrillo Prieto fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor definitivo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, formó parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 y lideró la Dirección General Jurídica de la Policía General de la República.
En años recientes, Carrillo Prieto criticó al expresidente Felipe Calderón por, según él, haber «cerrado en falso» la FEMOSPP sin consultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Aunque la extinción de la fiscalía fue anunciada por Vicente Fox al final de su mandato, Carrillo Prieto atribuyó directamente a Calderón la decisión como un acto de impunidad.
