Este lunes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron, en una votación dividida, prolongar la suspensión de actividades que comenzó el pasado martes, en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que llevan casi tres semanas de paro en contra de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pleno de la SCJN, por mayoría de votos, decidió continuar con el paro de labores en el máximo tribunal del país, manteniendo guardias para atender asuntos urgentes, y suspendiendo los plazos procesales hasta el jueves 12 de septiembre. «Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que continuará la suspensión de actividades, manteniendo las guardias necesarias, sin que corran plazos», informó el tribunal en un comunicado oficial.
En una sesión privada, ocho ministros votaron a favor de la continuidad del paro, mientras que las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes han mostrado su afinidad con el gobierno federal, votaron en contra. Lenia Batres, también cercana al partido oficialista Morena, optó por abstenerse de la votación.
La SCJN también señaló que las Salas del tribunal tendrán la facultad de decidir si celebran sesiones de forma remota, y que los asuntos urgentes serán atendidos por las ministras y ministros competentes. El próximo jueves, un día después de la votación de la reforma en el Senado, el pleno de la Corte analizará si el paro continuará o se reanudarán las actividades.
El paro de trabajadores del Poder Judicial ha sido una respuesta directa a la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador. Esta iniciativa, que fue aprobada por el Congreso la semana pasada, será sometida a votación en el Senado este miércoles. Entre las principales modificaciones, se contempla reducir de 11 a 9 el número de ministros de la SCJN, así como disminuir su mandato de 15 a 12 años. Además, se prevén dos elecciones para renovar el Poder Judicial: una extraordinaria en junio de 2025 y otra en 2027.
Otro de los puntos controvertidos es la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, así como ajustes a sus remuneraciones, que no podrán superar el salario del presidente de la República. Asimismo, la reforma plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación de las dos salas que actualmente componen la Suprema Corte.
A las protestas dentro del país se suman advertencias de organismos internacionales como las Naciones Unidas, así como de organizaciones empresariales como la International Chamber of Commerce. Además, calificadoras como Fitch y bancos como Citibanamex, Morgan Stanley y UBS, han manifestado su preocupación ante los posibles efectos negativos de la reforma sobre la inversión privada. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá también han expresado su inquietud por los riesgos que la reforma podría representar para los tratados comerciales y las relaciones económicas.
El desenlace de este proceso legislativo y judicial marcará un punto de inflexión para la independencia del Poder Judicial en México y podría tener amplias repercusiones tanto en el ámbito nacional como internacional.
