Dos de los periódicos más influyentes de Estados Unidos han dedicado sus primeras planas a la expansión del crimen organizado en México, a una semana de celebrar las elecciones presidenciales.
The Washington Post investigó cómo los cárteles se han infiltrado en el negocio de la tortilla. El periódico detalla que, además de traficar drogas, los grupos criminales extorsionan a pescadores, vendedores de pollo, empresas de transporte, gasolineras y ahora también a los vendedores de tortilla.
Según el Consejo Nacional de la Tortilla, al menos el 15% de las tortillerías establecidas en México, aproximadamente 20 mil, son extorsionadas regularmente. «Estamos prácticamente en el punto en que los delincuentes fijan el precio de las tortillas», dijo Homero López, presidente del Consejo, citado por The Washington Post.
En Morelos, especialmente en Cuernavaca, las pandillas exigen 900 pesos mensuales a las tortillerías. Si no pagan, los dueños enfrentan el incendio del negocio o incluso de sus casas. La cifra de extorsión aumenta en Cuautla, donde se exigen 50 mil pesos, según denuncias del obispo del estado, monseñor Ramón Castro Castro.
El politólogo Eduardo Moncada explica que los grupos criminales recurren a la extorsión como un medio para generar ingresos y enfrentar a sus rivales. The Washington Post también descubrió que los cobros van más allá de las tortillerías. En Sinaloa, el Cártel que alguna vez dirigió ‘el Chapo’ Guzmán ha infiltrado a su gente en las oficinas que supervisan el riego agrícola, beneficiando a agricultores aliados con tarifas de agua reducidas, mientras que aquellos que se niegan a colaborar pagan un “impuesto” adicional.
Además, los productores de maíz enfrentan robos durante el transporte de su mercancía por camiones o trenes. Héctor Manuel Romero, consultor de Seguridad y Transporte, afirma que los grandes cárteles recurren al robo de mercancías para obtener dinero e invertir en negocios más lucrativos como el tráfico de migrantes y armas.
En Guerrero, los cárteles obligan a los agricultores a venderles maíz, cuya compra es forzada para las tortillerías. Incluso, las pandillas inspeccionan los inventarios de las tiendas para asegurarse de que no compren en otros lugares.
The New York Times
Profundiza en el aumento de la violencia electoral, contabilizando el asesinato de 36 aspirantes a cargos públicos. Explica que este incremento puede atribuirse a la magnitud de las elecciones y al gran número de candidatos. Las elecciones del 2 de junio serán las más grandes en la historia de México, con 20 mil cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal.
Los asesinatos se dividen según su carácter criminal o personal. Para The New York Times, hay sospechas de la implicación de grupos delictivos en al menos 28 de los 36 asesinatos de candidatos. Sandra Ley, analista de Seguridad de México Evalúa, detalla que los cárteles buscan infiltrarse en gobiernos municipales para acceder a sus recursos e información, y para capturar el aparato de seguridad.
En respuesta, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha coordinado fuerzas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para, junto al Ejército y la Guardia Nacional, ofrecer protección a los candidatos que la soliciten. Los gobiernos estatales también intentan mantener a salvo a los candidatos locales que piden protección, aunque la falta de recursos, las trabas burocráticas y la debilidad de las policías locales complican su actuación.
Con información de The Washington Post y The New York Times.