CIUDAD DE MÉXICO.- En un avance legislativo considerado histórico, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional clave para unificar la lucha contra el feminicidio en todo el país. Durante la sesión, los legisladores dieron luz verde a la iniciativa que ordena al Congreso de la Unión crear, por primera vez, una ley general para tipificar y sancionar este delito de manera homogénea en las 32 entidades federativas.
Reloj en marcha: 180 días para una ley nacional
Una vez que la reforma complete su ciclo legislativo y sea publicada, el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días para diseñar y expedir la nueva Ley General en Materia de Feminicidio. Este mandato pone en marcha un reloj legislativo para construir un marco jurídico que responda con contundencia a una de las problemáticas más dolorosas y urgentes de México.
Adiós a la disparidad: El fin de 32 códigos diferentes
El objetivo central de esta reforma es poner fin a la polémica y confusa disparidad que existe actualmente. Hoy en día, cada estado define y sanciona el feminicidio de manera distinta en sus códigos penales, lo que crea un laberinto legal que complica las investigaciones, obstaculiza el acceso a la justicia para las familias de las víctimas y, en muchos casos, abona a la impunidad.
Un nuevo protocolo con perspectiva de género
La futura ley no solo buscará unificar la definición del delito, sino que también sentará las bases para protocolos de investigación obligatorios con perspectiva de género en todas las fiscalías. Esto implica que, por norma, toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada de inicio como un posible feminicidio, evitando la revictimización y la pérdida de pruebas cruciales en las primeras horas.
Tras su aprobación en San Lázaro, el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores, que actuará como cámara revisora para su análisis y eventual ratificación. Colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil celebraron el avance como un paso fundamental, aunque se mantienen vigilantes para que la nueva ley cumpla con las expectativas de justicia que el país demanda.
