Desde la décadas de los setenta y ochenta, Rafael Caro Quintero se volvió uno de los blancos principales del Gobierno de Estados Unidos, que busca a toda costa su entrega. A pesar de haber estado tras las rejas en dos ocasiones, el narcotraficante mexicano no ha sido extraditado al país vecino.
Las autoridades estadounidenses buscan a «El Narco de narcos» no solo por su participación en actividades de narcotráfico, sino también por el asesinato de Enrique «Kiki» Camarena, un agente de la DEA (Administración para el Control de Drogas) que investigó al Cártel de Guadalajara, fundado por Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, entre 1982 y 1984. Camarena Salazar fue asesinado en 1985.
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En abril de ese año, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y luego extraditado a México, donde fue condenado a 40 años de prisión. Después de pasar 28 años en prisión, en agosto de 2013, el narcotraficante de 71 años recuperó su libertad cuando un tribunal mexicano determinó que fue juzgado de manera indebida.
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Aunque el 14 de agosto de 2013 se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, Quintero regresó al crimen organizado y supuestamente fundó el Cártel de Caborca. El 15 de julio de 2022, el líder delictivo fue capturado por segunda vez en un operativo en Choix, Sinaloa. En ese momento, Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta USD 20 millones por su detención.
A más de un año de su segunda detención, «El Narco de narcos» persiste en no ser extraditado a territorio estadounidense. Este estancamiento se atribuye principalmente a los recursos legales que ha interpuesto en al menos cuatro estados, obstaculizando así los esfuerzos de la Fiscalía General de la República (FGR) para concretar su entrega.
La defensa legal de Caro Quintero ha impulsado acciones legales en Jalisco, Sinaloa, el Estado de México y la Ciudad de México con el objetivo de frenar su extradición al país vecino, según informes del periodista Rubén Mosso de Milenio.
Estos instrumentos legales fueron activados desde que el narcotraficante estaba prófugo de la justicia. Cuando fue recapturado, su hermana, Beatriz Angélica Caro Quintero, solicitó un amparo que fue admitido por Francisco Reséndiz Neri, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco.
La suspensión de plano otorgada por el juez Neri es la que actualmente resguarda a Quintero de su extradición. Sin embargo, otra de las razones que ha evitado la entrega del originario de Sinaloa a Estados Unidos es su estado de salud.
El 20 de septiembre, Caro Quintero fue trasladado del penal de máxima seguridad de «El Altiplano» en el Estado de México (donde actualmente está recluido) a un hospital en el centro de Toluca debido a un cuadro agudo de crecimiento prostático en fase 4. Rafael tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y una vez recuperado, fue readmitido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.
Rafael Caro Quintero, creador del ya desaparecido grupo delictivo de Guadalajara, podría enfrentar extradición a los Estados Unidos durante los primeros meses del 2024, con el propósito de ser sometido a juicio por secuestro, asesinato de un agente federal, conspiración para secuestrar a un agente federal, conspiración con el crimen organizado, posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína, así como pertenencia continua a una empresa criminal.
