Un fallo judicial ha dictaminado que el Ejército mexicano no podrá destruir los archivos vinculados a la «Guerra Sucia«, un periodo de represión estatal que abarcó las décadas de 1960 a 1990, según revelaron Artículo 19 y el Centro Prodh.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa otorgó un amparo definitivo que prohíbe a las autoridades militares «eliminar, depurar, esconder u ocultar» documentos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), específicamente relacionados con la investigación del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). Esta investigación aborda violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas entre 1965 y 1990, durante la persecución gubernamental a disidentes políticos.
Alicia de los Ríos Merino, buscadora de su madre desaparecida en 1978 por la Brigada Blanca (conformada por el Ejército, policías, la extinta Dirección Federal de Seguridad y la entonces Procuraduría General de la República), presentó el recurso de amparo.
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El fallo reconoce el derecho de los familiares de personas desaparecidas a impugnar la reticencia de la Sedena a abrir sus archivos, según Artículo 19 y el Centro Prodh. Con este amparo, las víctimas tienen la capacidad de oponerse a la manipulación y destrucción de documentos cruciales para reconstruir la verdad y buscar a los desaparecidos.
A pesar de la creación en 2021 de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y la Justicia por violaciones graves a derechos humanos, las acusaciones de ocultamiento de archivos por parte del Ejército persisten. En octubre, investigadores del MEH señalaron la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, desafiando la promesa incumplida de transparencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
