Jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial han decidido continuar con el paro de labores luego de que el Senado de la República aprobara anoche la controvertida reforma que afecta a este sector. En una postura firme frente al Senado, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, advirtió que el gremio está dispuesto a recurrir a instancias internacionales para frenar la implementación de la reforma.
«Es momento de resistir y emplear todas las herramientas legales que tengamos a nuestro alcance para defender la autonomía del Poder Judicial. No cesaremos hasta que la justicia, tal como la conocemos, vuelva a ser un pilar sólido y confiable. En este momento decisivo, hacemos un llamado a la resistencia», declaró Fuentes Velázquez.
La representante subrayó que no permitirán que los principios de la justicia se vean vulnerados. «No abandonaremos nuestros ideales. La justicia no puede ser comprada, manipulada ni sometida. Nuestra lucha no es solo por nosotros, sino por las generaciones venideras», enfatizó.
Resistencia internacional ante la reforma
Fuentes Velázquez también indicó que el gremio judicial acudirá a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, que salvaguardan la independencia judicial. «No nos quedaremos en silencio. Vamos a recurrir a organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y redes globales de jueces y magistrados, quienes ya están al tanto de lo que está sucediendo en México», afirmó.
La reforma al Poder Judicial, avalada por el Senado con 86 votos a favor y 41 en contra, contempla la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La aprobación de esta medida, que necesitaba los dos tercios de los votos para proceder, ha generado una fuerte oposición dentro del sector judicial y ha desencadenado protestas sin precedentes.
El martes, jueces, estudiantes de Derecho y empleados del Poder Judicial irrumpieron en el pleno del Senado, lo que obligó a los legisladores a trasladar la sesión a una sede alterna, la antigua Casona de Xicoténcatl. Durante estas manifestaciones, se acusó a la policía de la Ciudad de México de haber usado gas contra los manifestantes.
La sesión también estuvo marcada por denuncias de presiones y acusaciones de presuntas negociaciones entre el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez, y el partido gobernante Morena, en busca de protección judicial.
Con el paro en curso y el panorama político aún más tenso, el Poder Judicial enfrenta uno de los mayores desafíos en su historia reciente.
