Este jueves, en la Cámara de Diputados, se dará inicio a los diálogos nacionales para analizar la reforma al Poder Judicial, con la participación de ministros de la Suprema Corte, magistrados del Consejo de la Judicatura Federal, barras de abogados y expertos en la materia. La propuesta central de la reforma incluye la elección de jueces por voto popular y la imposición de un plazo máximo de seis meses para que los juzgados, tribunales y la propia Suprema Corte resuelvan asuntos tributarios.
Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, junto con las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres y el ministro Juan Luis González, han confirmado su asistencia al foro inaugural en el Palacio de San Lázaro. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, espera la participación de la mayoría de los integrantes de la sala superior.
A pesar de las advertencias de la oposición y especialistas sobre la posible injerencia del crimen organizado y de intereses económicos en la elección de ministros y magistrados, la bancada morenista desestima cualquier riesgo, comprometiéndose a liberar al Poder Judicial de la delincuencia y del desprestigio.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, expresó su preocupación por la posible influencia del narcotráfico y otros poderes fácticos en la elección de los juzgadores, insistiendo en la necesidad de mantener la independencia y alta calidad en las resoluciones de la Suprema Corte.
Los nueve foros convocados por el Congreso se realizarán en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Puebla, Coahuila y Sinaloa, entre el 27 de junio y el 8 de agosto. Se espera que el dictamen sea votado en comisiones de la Cámara de Diputados a finales de ese mes y esté listo para su aprobación en septiembre, ya con la nueva legislatura en funciones. Morena y sus aliados podrían avalar la reforma constitucional sin los votos de la oposición, gracias a su mayoría calificada de dos tercios.
Además de la elección de jueces, la iniciativa de reforma propone cambios a 16 artículos de la Constitución, incluyendo la remoción de los 11 actuales integrantes de la Corte y la reducción de su número a nueve. También sugiere acortar el periodo en el cargo de 15 a 12 años, desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y reemplazarlo por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración.
El proyecto enviado por el Ejecutivo el 5 de febrero señala que las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial no podrán ser mayores a las del Presidente de la República. Además, propone la extinción de fondos y fideicomisos del Poder Judicial para destinar 15 mil millones de pesos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
