En un fallo determinante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma buscaba priorizar a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados.
Con un respaldo de tres votos a favor, la Segunda Sala de la SCJN sentó un precedente crucial en la jornada del miércoles, marcando el rumbo para miles de amparos presentados por actores privados en oposición a las modificaciones legislativas de 2021. Estas reformas otorgaban prioridad en el despacho de energía al sistema eléctrico proveniente de la CFE, relegando las fuentes de energía renovable a un segundo plano.
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Entre las alteraciones realizadas, se eliminaron las subastas destinadas a obtener el mejor precio por la energía generada mediante contratos públicos, así como las figuras de autoabastecimiento para la venta de electricidad y los certificados de energía limpia.
El proyecto liderado por el ministro Alberto Pérez Dayán anticipa efectos significativos en respuesta a la implementación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Pérez Dayán sostiene que los siete artículos principales de las modificaciones violan el marco establecido en 2013 por el expresidente Enrique Peña Nieto en relación con la generación y el mercado eléctrico mayorista. Además, argumenta que estas reformas obstaculizan la creación de un nuevo mercado, desincentivan la participación de nuevos agentes y contravienen el mandato de neutralidad.
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Aunque el amparo fue presentado únicamente por seis empresas privadas, se justificó para evitar «una diversa distorsión» en el mercado de generación eléctrica y garantizar equidad entre las partes afectadas.
Es crucial señalar que el proyecto aprobado no fue el único previsto para votación ni compartía la misma orientación; no obstante, fue el único sometido a votación debido a un impedimento presentado por el gobierno mexicano. Este argumentaba que no se podía abordar el proyecto de sentencia del ministro Javier Laynez, quien formó parte del gobierno de Peña Nieto y promovió la reforma en cuestión.
Este fallo no es la primera instancia en que el Supremo mexicano se pronuncia en contra de la reforma eléctrica, ya que la Primera Sala de la SCJN también declaró su inconstitucionalidad desde 2022, respaldando los amparos presentados por generadores privados y otorgados por jueces federales desde 2021.
La votación decisiva recayó en el ministro Pérez Dayán como presidente de la Segunda Sala, ya que Laynez se excusó, resultando en un empate con los votos en contra de las ministras afines al oficialismo Yasmín Esquivel y Lenia Batres, recién nombrada por López Obrador, y el voto a favor de Pérez Dayán y Luis María Aguilar.
