El constitucionalista Diego Valadés Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, advirtió que elegir a los jueces por voto popular, reducir sus salarios y someterlos a un organismo disciplinario que evalúe sus sentencias no resolverá los problemas actuales en el Poder Judicial. En cambio, estas propuestas podrían revertir los avances logrados durante décadas.
Durante la inauguración de los «Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia», que comenzaron este lunes y concluirán el jueves 1 de agosto, las autoridades de la UNAM coincidieron en que estos encuentros representan una oportunidad crucial para reflexionar y debatir sobre las reformas necesarias para fortalecer y mejorar el sistema de justicia mexicano.
El Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, reiteró el compromiso de la universidad con la justicia y el bienestar nacional. Estas discusiones, afirmó, reflejan la misión y responsabilidad social de la UNAM para contribuir a una nueva ruta de desarrollo más justa, equitativa y sostenible.
“Es fundamental que enfoquemos nuestras discusiones en la independencia judicial y la separación de poderes, ya que son esenciales para garantizar que las decisiones de los jueces se basen en la ley y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses particulares”, destacó Lomelí.
Recordó que “hemos celebrado dos siglos de haber optado por un gobierno republicano, representativo y federal. A pesar de la evolución política a lo largo de estos años, aún queda pendiente consolidar plenamente el federalismo y la separación de poderes. En este sentido, no podemos permitir retrocesos en estas áreas”.
Valadés Ríos señaló que se está debatiendo una propuesta de reforma constitucional que busca promover la imparcialidad, asegurar la independencia judicial, combatir la corrupción y mejorar la calidad en la administración de justicia. “Elegir a los jueces por voto popular podría llevar a una concentración absoluta del poder y tendría un desenlace adverso para los derechos fundamentales en México”, advirtió.
Aseguró que no existe evidencia de que la elección popular garantice la honorabilidad y la capacidad de los elegidos. “La elección popular es un instrumento democrático, pero no es sinónimo de democracia completa. Una elección expone a los candidatos a presiones políticas, lo que no es un escenario ideal para los jueces. Además, en México, muchos candidatos a cargos electivos son víctimas de acciones delictivas que frecuentemente quedan impunes”.
Por su parte, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, explicó que la reforma judicial debe basarse en un análisis detallado del funcionamiento integral del sistema y sus componentes. “Este fortalecimiento debe traducirse en un sistema más eficiente, accesible para la población y libre de influencias ideológicas o cambios superficiales”, concluyó.
