En una reciente declaración, las consejeras electorales han expresado su preocupación ante la aparente obstrucción de las instituciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las labores de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ha rechazado el 90% de las solicitudes de información realizadas por el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, destinadas a investigar el financiamiento de partidos y candidaturas.
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Según el informe más reciente de la Comisión de Fiscalización del INE, en el período de enero a diciembre de 2023, de 69 solicitudes realizadas a la UIF, solo se obtuvieron ocho respuestas, todas fuera del plazo establecido. En lo que va de 2024, ninguna solicitud ha recibido respuesta. El informe también destaca un aumento significativo en los tiempos de respuesta desde la llegada de Pablo Gómez a la UIF en 2021.
Las solicitudes del INE a la UIF se centran en alertas proporcionadas por los bancos sobre movimientos inusuales y relevantes en el sistema bancario. La información solicitada es esencial para la fiscalización electoral y la verificación de la legalidad de los recursos utilizados por los actores políticos.
El informe subraya que, desde 2022, la UIF ha generado retrasos, solicitando información adicional y acumulando demoras de hasta 545 días desde abril de 2022. Esta situación ha afectado la capacidad del INE para cumplir con los plazos legales de fiscalización, que establecen un límite de 45 días para revelar irregularidades en los informes de ingresos y gastos de los actores políticos.
Además, se señala que tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también han presentado retrasos en la entrega de información, afectando la eficacia del proceso de fiscalización.
Las consejeras del INE, Claudia Zavala, Carla Humphrey y Dania Ravel, han expresado su preocupación por la negativa de las autoridades financieras a proporcionar información esencial para la fiscalización adecuada de los informes de gastos, instando a todas las instituciones a cumplir con los plazos establecidos por la legislación electoral.
Por otro lado, el informe destaca la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) a otorgar información en procesos de investigación contra el partido Morena, específicamente en casos relacionados con presuntas violaciones a la normatividad en materia de fiscalización y desvío de recursos. La falta de transparencia en estos procesos genera inquietud en torno a la integridad de la fiscalización electoral y la legalidad de los recursos utilizados en la política.
