La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló a los organizadores, supervisores de protección civil y encargados de la instalación de una grúa como los probables responsables del fallecimiento de Berenice y Miguel Ángel. Las investigaciones apuntan a una cadena de negligencias técnicas y administrativas durante el evento masivo.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, detalló que la responsabilidad recae en la empresa que elaboró el plan de protección civil, la firma encargada de su supervisión, la organizadora del festival que contrató los servicios y la compañía que instaló materialmente la estructura que colapsó. Durante una conferencia de prensa con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se informó que la institución cuenta con los elementos probatorios necesarios para proceder penalmente y lograr la vinculación a proceso de los implicados. No obstante, la imputación formal se ha diferido en diversas ocasiones debido a solicitudes de la asesoría jurídica de una de las víctimas, lo que ha pausado el avance del caso en las audiencias iniciales.
El proceso legal enfrenta complicaciones adicionales debido al descontento de algunos familiares respecto a los mecanismos de mediación y acuerdos reparatorios propuestos, los cuales son permitidos por la ley en casos de homicidio culposo. Esta situación ha derivado incluso en denuncias internas contra los asesores jurídicos por parte de los afectados, quienes exigen una ruta de justicia penal directa. Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que la voluntad de las víctimas es la prioridad, pero reconoce que la estrategia de diferimiento procesal ha impedido que el juez dicte las medidas correspondientes contra las empresas y personas señaladas en el peritaje oficial.
Las autoridades capitalinas aseguraron este martes 7 de abril de 2026 que el caso no quedará impune y que se mantendrá el seguimiento para sancionar las fallas en los protocolos de seguridad que derivaron en la tragedia. La investigación técnica sobre la caída de la grúa permanece como la prueba central para deslindar las competencias de cada una de las entidades involucradas en el montaje del festival. Se espera que en la próxima audiencia se logre finalmente la comparecencia de los representantes legales de las empresas para responder por las omisiones detectadas en el plan de protección civil.
