CIUDAD DE MÉXICO.- Una alarmante red de extorsión contra transportistas de carga, presuntamente operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue expuesta por Omar García Harfuch. El exsecretario de Seguridad Ciudadana señaló que esta operación criminal, encabezada por Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», logró establecer «rutas ilegales» para controlar el paso de mercancías en el país.
El Control de las Carreteras
La estrategia del grupo delictivo, según detalló Harfuch, iba más allá del simple cobro de piso. La organización criminal detectó y consolidó «rutas ilegales», obligando a los transportistas a utilizarlas bajo amenaza. Este mecanismo no solo les permitía extorsionar a los conductores, sino también asegurar el control territorial para el trasiego de sus propias mercancías ilícitas, convirtiendo las carreteras en corredores clave para sus operaciones delictivas a gran escala.
«El Jardinero»: Pieza Clave del CJNG
El señalamiento directo recae sobre Audias Flores Silva, «El Jardinero», identificado como una figura de alto rango dentro de la estructura del CJNG. Su papel como presunto líder de esta red de extorsión lo coloca como un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad federales. La operación a su cargo demuestra la capacidad del cártel para infiltrarse y afectar sectores vitales de la economía nacional, generando un clima de miedo e incertidumbre.
Un Golpe Crítico al Sector Transporte
Esta revelación genera una profunda preocupación en el sector del transporte de carga, una industria fundamental para el abasto y la economía de México. La extorsión sistemática y el control de rutas no solo ponen en riesgo la vida de los operadores, sino que también elevan los costos logísticos, impactando directamente en los precios de los productos que llegan a los consumidores. La inseguridad en las carreteras se confirma como un desafío crítico para el desarrollo del país.
Las declaraciones de García Harfuch ponen sobre la mesa la sofisticación y el alcance de las redes criminales que operan en territorio nacional. Ahora, las autoridades enfrentan el reto constante de desarticular estas estructuras y garantizar la seguridad en las vías de comunicación, una tarea fundamental para proteger tanto a los ciudadanos como a la economía mexicana de la influencia del crimen organizado.
