El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha promovido un amparo con el objetivo de evitar que su residencia ubicada en Lomas de Bezares, Ciudad de México, sea transferida al Estado a través de la extinción de dominio. La acción legal fue presentada el 10 de junio de este año, y actualmente está bajo revisión de Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien aún no determina si admitirá el trámite.
En mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder con la transferencia de la residencia a la Federación. Esta decisión revocó una resolución previa que impedía las acciones de la FGR.
La FGR sostiene que Emilio Lozoya recibió 3.4 millones de dólares de Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México, a través de su hermana Gilda Susana. Este pago fue supuestamente a cambio de que Pemex adquiriera la planta chatarra de Agronitrogenados.
A pesar de esto, en noviembre de 2023, Ana Lilia Osorno Arroyo, jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, declaró improcedente la acción de extinción de dominio contra la propiedad de Lozoya. La jueza determinó que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva, ya que Lozoya compró la residencia en 2012 por 38 millones 175 mil pesos, antes de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita fuera contemplado para la extinción de dominio.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el 9 de agosto de 2019, establece que en los casos de lavado de dinero procede la extinción de dominio, normativa que no estaba vigente en el momento de la adquisición de la propiedad por Lozoya.
