El Gobierno denunciará al ministro Aguilar, quien frenó la distribución de libros de texto en dos Estados

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Hacienda pone al ministro de la Suprema Corte en la mira por un caso ajeno a la polémica educativa: el de una empresa evasora de impuestos que supuestamente ha contado con la ayuda del juez

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que promoverá una denuncia en el Poder Judicial contra el ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar. La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda ha acusado al ministro de beneficiar con su inacción a una empresa que adeuda al fisco 25.000 millones de pesos correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2013. De trasfondo está el hecho de que Aguilar ha concedido en los últimos días dos recursos legales para suspender la distribución de los nuevos libros de texto para escuelas públicas de Chihuahua y Coahuila. Con el inicio del ciclo escolar en puerta —el 28 de agosto—, la Administración de López Obrador ha remado a contracorriente para llevar a las escuelas los nuevos libros de educación pública, que gobiernos y asociaciones civiles opositoras han calificado de “adoctrinadores” y “comunistas”. El presidente López Obrador ha informado de que la denuncia contra Aguilar se presentará este mismo martes ante el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia, la única instancia facultada para revisar las quejas contra alguno de sus integrantes.

Durante la conferencia mañanera de López Obrador, el titular de la Procuraduría Fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, ha afirmado que la empresa en cuestión —no mencionó su nombre— cuenta con una “gran estructura corporativa” que le ha permitido instrumentar estrategias legales “para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”. El funcionario ha señalado que la corporación ha solicitado frecuentemente que la Corte atraiga sus asuntos “con el pretexto de que son novedosos y relevantes”, aun cuando podrían resolverlos los tribunales colegiados. El efecto negativo es que se suspende el curso de los juicios y se retrasa su resolución. “Estos 25.000 millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años, que se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios”, ha dicho Medina Padilla.

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