El Pleno de la Cámara de Diputados ha dado luz verde a modificaciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual. Estas propuestas fueron presentadas por la diputada Esther Berenice Martínez Díaz.
Con una votación unánime de 445 votos a favor, estas enmiendas fueron aprobadas justo antes del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
Martínez Díaz destacó que la violencia laboral engloba conductas como hostigamiento, acoso y maltratos que afectan tanto física como psicológicamente a las víctimas, impactando negativamente en su salud.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2021), en México, casi el 28 % de las mujeres empleadas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral, con un 18.1 % reportando discriminación laboral, un 14.4 % experimentando violencia sexual, un 12.2 % sufriendo violencia psicológica y un 1.9 % enfrentando violencia física.
Para abordar esta problemática, las reformas aprobadas establecen la implementación de mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación del acoso laboral, así como del acoso y hostigamiento sexual.
Entre las medidas, se otorgan facultades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para supervisar la correcta implementación de los protocolos indicados en la reforma dentro de los lugares de trabajo.
Además, se prevén campañas informativas, capacitación y sistemas de atención para el acoso laboral, así como políticas públicas dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y discriminación de género tanto en el ámbito público como privado.
«Estas modificaciones buscan garantizar el ejercicio del derecho al trabajo digno, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución, asegurando la dignidad humana sin discriminación hacia los trabajadores», subrayó Martínez.
La diputada también señaló que estas acciones contribuyen a alcanzar una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, específicamente el numeral 8.8, que aboga por la protección de los derechos laborales y la promoción de entornos laborales seguros para los trabajadores.
