Tras más de ocho horas de intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de la Guardia Nacional, con 362 votos a favor y 133 en contra. Esta medida otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, y faculta al Congreso para elaborar una ley de seguridad interior que regule la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El dictamen fue respaldado por la mayoría de los legisladores, mientras que la discusión en lo particular continuaba hasta el cierre de esta edición.
Cinco diputados no asistieron a la sesión: tres de Morena, incluida la presidenta de la Cámara, Ifigenia Martínez, Magaly Armenta y Manuel Vázquez Arellano, exnormalista de Ayotzinapa; así como dos panistas, Amparo Oliva y Julia Jiménez.
El debate, que comenzó después de un simulacro de sismo realizado a las 11 de la mañana, se centró en las posturas enfrentadas entre el bloque mayoritario de Morena y sus aliados, y la oposición. Mientras los primeros defendieron la reforma argumentando que fortalecerá la Guardia Nacional y mejorará su coordinación con el Ejército, la oposición advirtió sobre los riesgos de una mayor militarización en el país y las posibles implicaciones para los derechos humanos.
Al inicio de la sesión, se rechazaron tres mociones suspensivas presentadas por los partidos MC, PRI y PAN, que buscaban regresar el dictamen a comisiones. Tras ello, se dio paso al desfile de oradores en tribuna, con seis intervenciones por cada bancada, seguidas de cuatro rondas de debate con 12 oradores a favor y en contra del proyecto.
El bloque mayoritario argumentó que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena proporcionará una estructura sólida y coordinada para combatir eficazmente a la delincuencia organizada, al tiempo que se mantendrá la supervisión civil para evitar los abusos del pasado cometidos por otras corporaciones de seguridad.
Militarización en el centro del debate
La reforma de la Guardia Nacional ha generado una fuerte polémica en torno a la militarización de las funciones de seguridad pública. Mientras el gobierno y sus aliados defienden la medida como una respuesta necesaria para enfrentar al crimen organizado, la oposición alerta sobre sus posibles repercusiones en materia de derechos humanos y la independencia de las instituciones civiles.
