En una sesión marcada por la tensión y el debate acalorado, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general la nueva Ley General de Protección Civil, con el respaldo de la mayoría de los miembros de Morena y sus aliados. Esta ley establece reglas para la coordinación entre los tres niveles de gobierno en casos de desastres naturales, otorgando una responsabilidad principal a estados y municipios, quienes deberán crear un fondo con recursos propios para atender los daños provocados por fenómenos naturales.
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La votación, que se llevó a cabo tras más de tres horas de confrontación entre Morena y la oposición, resultó en 242 votos a favor y 204 en contra, consolidando así el respaldo mayoritario a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado.
Una de las disposiciones más controvertidas de la ley fue la que establece la obligación de los estados y municipios de contratar seguros para cubrir los daños causados por desastres naturales, así como destinar recursos en sus presupuestos de egresos estatales para atender a la población afectada.
Además, la nueva ley sustituirá las declaratorias de emergencia y desastre por acuerdos que tendrán vigencia específica según las necesidades del evento natural o desastre.
La oposición, representada por partidos como el PRI, PAN y PRD, expresó su desacuerdo con el nuevo ordenamiento, argumentando que el Estado está abandonando su responsabilidad y transfiriendo toda la carga a estados y municipios.
Por su parte, el diputado Jorge Ángel Sibaja de Morena destacó que la ley busca establecer un mecanismo de transferencia de recursos para una mejor comunicación y trabajo coordinado entre las entidades federativas y la federación en casos de emergencia.
Sin embargo, algunos legisladores, como Álvaro Jiménez de MC, advirtieron que los gobiernos municipales se verán especialmente afectados por esta medida, acusando al gobierno de dejarlos desamparados.
Tras la aprobación en lo general, la discusión de la ley continuará con el análisis de 51 reservas, lo que indica que el proceso legislativo aún está en marcha y su contenido podría experimentar cambios adicionales.
