El exmandatario de Baja California y otros siete imputados cumplirán la medida cautelar en un penal de máxima seguridad, mientras se resuelve su situación jurídica tras ser señalados por operaciones irregulares con hidrocarburos.
Un juez de control impuso la medida de prisión preventiva justificada en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado de Baja California, y siete personas más, derivado de una indagatoria penal relacionada con delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Los señalados fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, donde permanecerán recluidos provisionalmente. Durante la audiencia inicial, la representación legal de los acusados se acogió al beneficio de la duplicidad del término constitucional, suspendiendo momentáneamente la resolución sobre su vinculación a proceso a fin de recabar pruebas en su favor.
Las imputaciones detallan la existencia de una compleja estructura operativa dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo. El esquema consistía en introducir combustible a territorio nacional mediante declaraciones aduaneras falsas o con alteraciones en los volúmenes transportados, reportando cantidades significativamente menores o clasificando el carburante bajo identidades de otros productos industriales para eludir el pago correspondiente de aranceles y gravámenes fiscales.
Las investigaciones catalogan a esta organización como la red de huachicol fiscal de mayor envergadura detectada en el país, estimando que las maniobras financieras ilícitas generaron pérdidas sustanciales para la hacienda pública. Para robustecer la acusación contra el exservidor público y los coimputados, se presentaron cerca de un centenar de elementos probatorios de carácter técnico, financiero y documental ante el órgano jurisdiccional, el cual determinó idónea la restricción de la libertad dada la gravedad de las conductas imputadas.
