El alcalde de San Francisco del Oro, Chihuahua, Arturo Huerta Luévano, fue detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, acusado de haber contratado de manera ilegal un crédito por 6 millones 50 mil pesos, lo que resultó en la duplicación de la deuda pública del municipio.
La orden de aprehensión contra Huerta fue emitida por un juez de control del Distrito Judicial Hidalgo, Chihuahua, por los delitos de uso indebido de facultades y atribuciones, así como peculado agravado. Esta acción fue resultado de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado.
Según la denuncia, entre el 27 de mayo de 2022 y el 4 de enero de 2023, el alcalde habría adquirido deuda pública a través de siete contratos de crédito, sin cumplir con los procedimientos legales establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Además, Huerta no solicitó la autorización del Ayuntamiento ni del Congreso del Estado para la contratación de dichos créditos, ni registró la deuda de acuerdo con las normativas vigentes.
Se alega que los recursos obtenidos mediante esos créditos no fueron destinados a proyectos productivos a largo plazo, como lo exige la ley, sino que se utilizaron para gastos operativos, como sueldos, materiales y servicios generales. Esto contraviene el propósito de la deuda pública, que debería orientarse hacia la creación de activos y el beneficio de los habitantes del municipio.
Debido a la mala administración de los recursos y a los altos intereses asociados con los créditos, la deuda del municipio se incrementó significativamente, alcanzando un pasivo total de 14 millones 471 mil 632 pesos.
Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción, declaró que la lucha contra la corrupción es tanto una prioridad como una obligación moral y legal. «Seguiremos buscando justicia y llevando a los responsables ante los tribunales para que sean sancionados conforme a la ley, con el objetivo de recuperar lo que pertenece legítimamente al pueblo de Chihuahua y sus municipios», afirmó Valenzuela.
Este caso pone de relieve los esfuerzos de las autoridades estatales para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en la gestión pública.
