La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) emitió un comunicado denunciando que las directrices para la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada fueron divulgadas con un retraso de 9 meses. Este censo ha sido recibido con escepticismo y desesperanza por parte de las madres buscadoras en Sonora.
Además, señalaron que el proceso de establecer un nuevo censo de personas desaparecidas ya estaba en marcha antes de la publicación de los lineamientos.
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Es importante recordar que fue necesario que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos interviniera para que se desarrollaran dichas directrices. Sin embargo, la organización resalta que, a pesar del acuerdo sobre los procedimientos a seguir, el Gobierno de México publicó los resultados del nuevo censo 14 días antes de presentar el reglamento que guiaría el estudio.
Según ONEA, el informe publicado revela una reducción significativa en el número de casos de desaparición en México, pasando de 110 mil a 12 mil casos confirmados.
Ante esta situación, ONEA menciona que «la actuación de las autoridades federales ha generado críticas de expertos, quienes consideran que la operación del nuevo censo de desaparecidos es discrecional». Esta afirmación se basa en que los resultados del censo se dieron a conocer sin contar con directrices operativas para una evaluación adecuada del ejercicio.
Además, ONEA destaca que organizaciones civiles han documentado al menos 200 casos confirmados de personas desaparecidas que fueron excluidos del nuevo censo nacional.
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Debido a estos hechos, las organizaciones de madres buscadoras a nivel nacional han expresado su desconfianza en el censo nacional de personas desaparecidas. Organizaciones como Amnistía Internacional previamente señalaron que si la Estrategia Nacional de Búsqueda no se coordina con organizaciones y colectivos, surgirían serias dudas sobre la validez del censo.
Además, consideran que la falta de coordinación y consideración de estos grupos en la estrategia vulnera sus derechos a la verdad, búsqueda, recepción y difusión de información.
Cecilia Delgado, representante del colectivo Buscadoras por la Paz en Sonora, expresó algunas opiniones al respecto para medios locales. Mencionó que «el censo o las visitas están bien, porque nos vamos a enterar, hay muchas familias que piden que no se publique sobre la aparición de su familiar, por miedo o temor a que se lo lleven».
Sin embargo, señaló que las cifras oficiales pueden no reflejar la realidad, ya que muchas personas no presentan denuncias, considerando que la mayoría de las desapariciones forzadas son perpetradas por miembros del crimen organizado.
«Nuestro objetivo no es ser cifras, no nos interesa un censo, lo que queremos es que las autoridades salgan y se muevan para buscarlos, el censo no nos importa a ningún colectivo, pero es preocupante la discrepancia entre sus cifras y las nuestras», criticó Nora Lira Muñoz, líder de Rastreadoras Ciudad Obregón de Sonora, respecto a las medidas del Gobierno para realizar el censo.
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Afirmó que en su reunión con Guadalupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se acordó que las cifras presentadas por los colectivos serán consideradas. «Exigimos que cuando se presenten números, sean los correctos, vamos a ver qué arroja la comisión y si hablan con la verdad», agregó.
En resumen, aunque las madres buscadoras reconocen el potencial beneficio del censo, creen que diversos factores impiden su correcto funcionamiento, como la falta de confianza en las autoridades, la falta de coordinación entre el Gobierno y los colectivos, y la falta de transparencia en el proceso de censo.
Con información de Agencias
