Una denuncia presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto bajo escrutinio al exministro Arturo Zaldívar, acusándolo de presionar a magistrados federales para favorecer la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y mantener la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Según la denuncia anónima, Zaldívar, junto con Carlos Antonio Alpízar, exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), habría empleado diversas tácticas para influir en las decisiones judiciales, incluyendo amenazas telefónicas y personales, inicios de procedimiento disciplinario, readscripciones, suspensiones, inhabilitaciones y advertencias.
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Los magistrados que resistieron estas presiones, como Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, enfrentaron represalias. Hernández Chong fue removida de su posición en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y transferida al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, sin experiencia en esa especialidad jurídica. Por otro lado, Camero Ocampo fue sometido a acusaciones de corrupción y, posteriormente, suspendido, falleciendo en 2020.
La denuncia, que también está en poder del CJF, sostiene que Zaldívar fue responsable de estas presiones con el objetivo de evitar fallos que pudieran afectar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sus megaproyectos o procesos penales de interés gubernamental.
Los magistrados que no cedieron ante estas presiones fueron objeto de medidas disciplinarias y desacreditación, lo que generó jubilaciones anticipadas y renuncias. Este caso plantea serias interrogantes sobre la independencia judicial y la integridad del sistema judicial mexicano.