Ante la creciente crisis de violencia que aqueja a México, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) ‘Lex-magister’ ha emitido un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que proteja a los aspirantes a cargos públicos, incluidos los tres candidatos presidenciales, de cara a la jornada electoral programada para el próximo 2 de junio.
En un comunicado emitido este domingo, el presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, expresó su preocupación por la situación, considerando la «grave crisis en la violación de garantías individuales en México». Fierro Hernández destacó que, solo en las primeras semanas del año, tres aspirantes fueron asesinados: Sergio Hueso en Colima, David Rey en Chiapas y Alfredo Giovanni Lezama en Morelos.
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El líder del GIDH señaló que esta escalada de violencia no solo afecta a los aspirantes a cargos públicos, sino que también se suma a la crisis en la violación de garantías individuales dirigidas a grupos vulnerables, como migrantes, personas desplazadas, mujeres, adultos mayores, indígenas, comunicadores y menores. Recordó que en la jornada electoral intermedia de 2021, al menos 90 aspirantes a puestos de elección popular fueron asesinados.
La situación
Fierro Hernández resaltó la urgencia de la situación, mencionando brotes sistemáticos de violencia en diversas entidades del país en los últimos meses. Subrayó que instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han recomendado a las autoridades mexicanas garantizar el proceso electoral, considerando el interés de más de 98 millones de personas en ejercer su derecho al voto.
El presidente del GIDH también hizo hincapié en la influencia de grupos criminales en la selección de candidatos, generando un círculo vicioso de corrupción e impunidad. En este contexto, instó a la Segob a coordinar acciones con las autoridades encargadas de acciones policiales en todo el país, con el objetivo de asegurar una elección democrática y libre de la influencia de grupos criminales.
La crisis actual demanda acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la integridad de los aspirantes a cargos públicos y preservar la democracia en México. El GIDH espera una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes.
