La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad del Fondo de Pensiones del Bienestar. La ministra Loretta Ortiz Ahlf admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados federales de oposición contra el Decreto que creó este fondo.
Los legisladores buscan evitar que el gobierno federal disponga de 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). En abril, el Decreto que oficializó la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor el primero de mayo.
El Decreto ordena a las Afores y otras instituciones similares transferir los recursos de las subcuentas de los trabajadores que cumplan 70 años y no reclamen sus fondos al Fondo de Pensiones del Bienestar, sin necesidad de una resolución judicial, y notificando cada traspaso el mismo día en que se realice. Además, establece que el fondo proporcionará recursos a los institutos de seguridad social para complementar las pensiones de los trabajadores que alcancen los 65 años y cuya pensión sea igual o menor a 16,777.68 pesos, equivalente al salario mensual promedio registrado en 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó recientemente a través de redes sociales cómo funcionará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será administrado por el Banco de México (Banxico). El fondo se financiará con el 70% de los recursos obtenidos por la incautación de bienes administrados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y el 25% de las utilidades de empresas paraestatales operadas por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec y Mexicana de Aviación, entre otras. También se incluirán los recursos de la liquidación de Financiera Rural y de las cuentas no reclamadas de las Afore.
Alcalde destacó que, aunque la ley establece que las Afore deben transferir los recursos de las cuentas no reclamadas, actualmente no lo hacen, interpretando la norma en su beneficio. Por ejemplo, de un monto cercano a 40 mil millones de pesos, las Afore han transferido solo cerca de mil 500 millones de pesos, mientras continúan cobrando comisiones.
La propuesta de Morena establece que estos recursos no reclamados se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, con una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios puedan reclamarlos en cualquier momento.
