CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo escándalo de presunta corrupción sacude al gobierno federal. Empresarios del ramo de la seguridad han denunciado que la firma Serprosep, ligada directamente al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, y a un familiar de Manuel Bartlett, ha sido beneficiada con contratos amañados. La suma en disputa asciende a la impactante cifra de 8 mil millones de pesos, obtenidos en tan solo dos años.
Licitaciones bajo la lupa
La acusación central, presentada por empresarios que se sienten desplazados, apunta a un patrón de favoritismo. Sostienen que las licitaciones federales en las que Serprosep ha resultado ganadora parecen estar diseñadas a su medida. Este presunto «traje a la medida» habría permitido a la compañía acaparar contratos millonarios de manera sistemática, dejando fuera a otros competidores que denuncian una competencia desleal y falta de piso parejo en los procesos.
Los poderosos vínculos de Serprosep
Lo que enciende las alertas es la red de conexiones de alto nivel que rodea a la empresa. Por un lado, se encuentra Raúl Rocha Cantú, un conocido empresario que recientemente adquirió la franquicia de Miss Universo. Por otro, la firma está vinculada al hijo de Julia Abdalá, quien es la actual pareja sentimental de Manuel Bartlett, el influyente director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una de las figuras más visibles del gobierno.
Una fortuna en tiempo récord
La magnitud del presunto fraude es alarmante. Los 8 mil millones de pesos que, según los denunciantes, Serprosep ha facturado al gobierno federal en un lapso de apenas dos años, representan una cifra extraordinaria. Este rápido crecimiento financiero ha levantado serias sospechas sobre la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación pública, poniendo en duda los mecanismos de control y vigilancia del gasto gubernamental.
Hasta el momento, estas graves acusaciones han desatado una fuerte polémica que resuena en los círculos empresariales y políticos del país. Se espera una respuesta oficial por parte de las dependencias involucradas, así como el inicio de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades y confirmar si existió un conflicto de interés o tráfico de influencias en la asignación de estos jugosos contratos públicos.
