El 27 de marzo de 2023 marcó un trágico acontecimiento en Ciudad Juárez, México, cuando un incendio en una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) cobró la vida de 40 migrantes. Para conmemorar este doloroso evento, obispos de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se unieron en una misa realizada en la catedral de Ciudad Juárez.
Durante la ceremonia, presidida por el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, junto con la presencia del obispo de El Paso, Mark Seitz, se hizo un llamado apremiante a la comunidad y a las autoridades para proteger y defender los derechos de los migrantes. Se exigió justicia para las víctimas y cambios significativos en las políticas migratorias.
El obispo Torres Campos expresó la importancia de abogar por la justicia y la paz, destacando la necesidad de una respuesta humanitaria y fraternal tanto de México como de Estados Unidos hacia los migrantes. En un contexto donde la crisis migratoria persiste, se instó a ambas naciones a recibir y acoger a los migrantes con respeto por su dignidad.
Por otro lado, el sacerdote Francisco Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, lamentó la falta de avances en la búsqueda de justicia para las víctimas del incendio. Criticó la disminución del esfuerzo conjunto para proteger a la población migrante por parte de las autoridades municipales, estatales y federales.
En medio de la tragedia y las continuas dificultades que enfrentan los migrantes, se hizo un llamado a las autoridades a diseñar políticas migratorias más justas y respetuosas de los derechos humanos. Se subrayó la necesidad de recordar y honrar a las víctimas, así como de evitar que eventos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
A pesar de los esfuerzos por buscar soluciones, la situación de la población migrante sigue siendo precaria. Se señaló una deuda pendiente por parte del Gobierno mexicano en cuanto a la atención y reconocimiento de las víctimas del incendio. A casi un año del trágico suceso, persiste la falta de nombres y reconocimiento individual de los fallecidos.
En respuesta a la tragedia, el Gobierno mexicano ha anunciado la apertura de una nueva estación migratoria en el desierto de Chihuahua, como medida alternativa a la anteriormente afectada por el incendio. Sin embargo, la búsqueda de justicia continúa, con investigaciones en curso y procesos judiciales contra funcionarios responsables de la seguridad y el bienestar de los migrantes.
A un año del primer aniversario del incendio, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la atención sobre este caso, exigiendo acciones concretas para garantizar la protección y el respeto de los derechos de los migrantes en la región fronteriza entre México y Estados Unidos.
