La controversial reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección de jueces por voto popular, avanzó este lunes tras ser aprobada en lo general y en lo particular por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La iniciativa recibió 22 votos a favor de los legisladores del partido oficialista Morena y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), mientras que la oposición sumó 17 votos en contra en lo general y 18 en contra en lo particular.
Este dictamen, que incluye 100 modificaciones propuestas por Morena, establece elecciones judiciales y una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se prevé una elección extraordinaria en junio de 2025 para renovar los cargos en el Poder Judicial.
Además, se aprobó la controvertida figura de los “jueces sin rostro” en la discusión en lo particular. La reforma también propone reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y acortar su mandato de 15 a 12 años. Asimismo, eliminaría la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y ajustaría sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
La reforma también contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, incluido un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas actuales de la Suprema Corte.
El oficialismo planea votar la reforma en el pleno en septiembre, cuando espera contar con los dos tercios necesarios en el Congreso para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio.
Críticas y preocupaciones por la Reforma
La oposición, representada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), expresó su rechazo a la reforma, advirtiendo sobre los riesgos para la independencia judicial.
Héctor Téllez, diputado del PAN, calificó la reforma como una «transgresión» a la independencia judicial y una violación al principio de división de poderes. Señaló que desde Acción Nacional presentaron un voto particular para replantear la reforma y asegurar la lucha contra la corrupción y mejorar los perfiles de los jueces.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, argumentó que la narrativa de la reforma no coincide con sus resultados potenciales, describiéndola como un “riesgo” para el Estado mexicano, que podría lesionar el pacto federal y comprometer la protección de los derechos humanos.
Preocupación Internacional y Económica
La reforma ha generado preocupaciones en organismos internacionales y en el sector económico. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, reiteró su inquietud por las “amplias” implicaciones de la reforma en la independencia judicial en México.
Además, Estados Unidos y Canadá han manifestado preocupaciones sobre el impacto de la reforma en los inversionistas. Calificadoras como Fitch y entidades financieras como CitiBanamex y Morgan Stanley también han alertado sobre los riesgos económicos asociados a las reformas propuestas por el presidente, especialmente la del Poder Judicial.
