En los últimos días se ha vuelto a hablar del IEPS, ese impuesto especial que se aplica a productos como las bebidas azucaradas y energéticas. La narrativa oficial insiste en que subir el precio de estos productos es una estrategia para mejorar la salud pública. Pero desde mi tierra, Santa Teresa, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, esa lógica suena lejana, casi ajena.
Allá, donde los peones trabajan bajo el sol para sacar el día, la Coca-Cola no es un lujo ni un capricho: es parte del pago. Se pide junto con la comida, se consume dos o tres veces al día, y se convierte en un insumo cotidiano. No es lo más saludable, lo sabemos, pero en esas regiones, donde el agua potable escasea y las opciones son limitadas, el refresco es parte de la rutina, de la supervivencia.
Y como si no fuera suficiente, en muchos pueblos de Guerrero, y no solo en Guerrero, el crimen organizado controla la distribución de estos productos. El sobreprecio ya existe, impuesto por quienes dominan rutas y mercados. Ahora, con el aumento del IEPS, se suma un nuevo costo, esta vez desde el Estado.
A partir de 2026, el IEPS a bebidas azucaradas será de 3.08 pesos por litro, mientras que las versiones “light” o “cero” pagarán 1.50 pesos por litro. El gobierno afirma que esta medida no busca recaudar, sino reducir el consumoy combatir enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad infantil.
Incluso se ha anunciado que empresas como Coca-Cola reducirán hasta un 30% el contenido calórico de sus productos para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Pero ¿realmente se modifican esos hábitos en comunidades donde el refresco es parte del salario?
Especialistas advierten que desde su creación en 2014, el IEPS ha aumentado la recaudación, pero no ha logrado reducir significativamente el consumo ni la prevalencia de enfermedades relacionadas. De hecho, la diabetes en México pasó de afectar al 9.2% de la población en 2012 a un 18.3% en 2022, lo que evidencia que el impuesto, por sí solo, no cambia conductas alimentarias.
¿Será que así se combate la obesidad en México? ¿Con impuestos que no consideran el contexto, la desigualdad, la cultura alimentaria ni las condiciones reales de millones de mexicanos?
La salud pública no se construye solo desde el precio. Se construye con acceso, con educación, con alternativas reales. Se construye con agua potable, con opciones nutritivas al alcance, con campañas que entiendan el territorio y no lo juzguen desde la distancia.
Subir el IEPS puede tener lógica fiscal, incluso puede tener respaldo técnico. Pero si no se acompaña de una política integral, será solo un parche más. Y en Santa Teresa, como en tantos otros rincones del país, los parches no alcanzan.
