CIUDAD DE MÉXICO.- La lucha contra la piratería en el país enfrenta una situación crítica. Instituciones clave como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Fiscalía General de la República (FGR) operan con recursos insuficientes, lo que limita gravemente su capacidad de acción y ha desatado una alerta en diversas industrias.
Presupuesto a la baja, un golpe directo
Fuentes del sector revelan que el presupuesto destinado a operativos contra la falsificación ha sufrido recortes significativos en los últimos años. Esta disminución de fondos impacta directamente en la capacidad de las agencias para realizar inspecciones, decomisos y desmantelar redes criminales que operan a nivel nacional. En la práctica, esto se traduce en menos personal para investigaciones y menos operativos en puntos clave de venta como tianguis o aduanas.
La economía y la creatividad, las grandes víctimas
El problema no es menor. La piratería le cuesta a la economía mexicana miles de millones de pesos anualmente y pone en riesgo miles de empleos formales. No solo se ven afectadas las grandes corporaciones; también los pequeños empresarios, artistas y diseñadores mexicanos que ven su trabajo plagiado y vendido a bajo costo, sin recibir ninguna retribución. Es un golpe directo a la formalidad y al talento nacional, desincentivando la innovación.
Un llamado de urgencia desde el sector privado
Ante este panorama, diversas cámaras empresariales y asociaciones de creadores han lanzado un llamado de alerta al gobierno federal. Exigen una estrategia clara y, sobre todo, un presupuesto adecuado para que las autoridades puedan enfrentar con eficacia a las redes delictivas. Insisten en que no se trata solo de un gasto, sino de una inversión para proteger la propiedad intelectual, garantizar una competencia justa y salvaguardar la salud de los consumidores.
Por ahora, la batalla se libra con herramientas limitadas, mientras el mercado ilegal sigue expandiéndose tanto en las calles como en el entorno digital. La atención está puesta en las próximas discusiones presupuestarias, donde se definirá si el combate a la piratería recibirá el impulso que urgentemente necesita para frenar su avance.
