La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido objeto de atención y críticas tras una serie de cambios administrativos y una disminución significativa en la interposición de denuncias por presuntas irregularidades en la gestión pública. Estos cambios, encabezados por el titular de la ASF, David Colmenares, han suscitado preocupaciones sobre la independencia y eficacia del organismo encargado de la fiscalización de los recursos públicos en México.
Entre los cambios más destacados, Colmenares ha renovado los puestos clave de la institución, prescindiendo de funcionarios de la administración anterior y concentrando la facultad de interponer denuncias en su subalterno y mano derecha. Este movimiento ha generado inquietudes sobre la posible influencia política en las decisiones de la ASF.
La modificación del reglamento ha centralizado la capacidad de interponer denuncias en el Auditor Especial de Seguimiento, creando una nueva área dentro de la ASF. Esto ha provocado que, desde 2021, solo esta área pueda tramitar denuncias y realizar solventaciones, lo que antes podían hacer los titulares de cada división de Auditoría.
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El número de denuncias interpuestas por la ASF ha disminuido considerablemente durante la gestión de Colmenares. Mientras que se han presentado un total de 22 denuncias por irregularidades en la actual administración, las cifras de denuncias por presuntos malos manejos en gobiernos anteriores son significativamente más altas. Esta disminución ha generado interrogantes sobre la eficacia de la ASF en su función de fiscalización.
Además, se ha señalado un aumento en el rezago en la recuperación de recursos públicos y en el avance de procesos jurídicos para sancionar posibles actos de corrupción o irregularidades en el gasto del gobierno federal. Un diagnóstico realizado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados advirtió sobre esta situación, instando a la ASF a implementar estrategias para abordarla.
Estos acontecimientos han suscitado preocupaciones sobre la autonomía e independencia de la ASF, así como sobre su capacidad para cumplir con su mandato constitucional de fiscalizar los recursos públicos de manera imparcial y efectiva. La institución se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor por parte de diversos sectores de la sociedad mexicana.
