El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su determinación de no cerrar el Caso Ayotzinapa, asegurando que seguirá siendo un asunto en constante investigación.
Durante su «mañanera» expresó su compromiso firme de descubrir la verdad y localizar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014.
«Por supuesto que continuaré reuniéndome con ellos (los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos), y seguiremos buscando esclarecer lo ocurrido, castigar a los responsables y, sobre todo, hallar a los jóvenes, porque esa es mi promesa», afirmó el mandatario mexicano. López Obrador también criticó al abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, por sus declaraciones acerca del fracaso del Gobierno en resolver el caso.
El presidente incluso mencionó directamente a quienes considera detrás de tales opiniones, como Emilio Álvarez Icaza, exsecretario de la CIDH, a quien calificó como un senador con inclinaciones panistas y conservadoras.
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«No desean una relación directa. Les he pedido a los padres que podamos dialogar y que todos conozcan la información que tenemos y estamos investigando, para cumplir con nuestro compromiso de encontrar a los jóvenes, conocer la verdad y castigar a los responsables, tal como estamos haciendo», añadió el líder tabasqueño.
La versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como la ‘verdad histórica’, sostiene que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado, quienes supuestamente los asesinaron e incineraron en un vertedero.
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En 2018, López Obrador ordenó la reapertura de las investigaciones, se dictaron órdenes de captura contra militares implicados en el caso y ahora ha reconocido la participación del Estado mexicano.
Sin embargo, las familias de los desaparecidos continúan señalando una falta de voluntad por parte del Gobierno, mientras que las presiones del Ejército han obstaculizado nuevos avances y han provocado la renuncia del exfiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y la salida de los expertos de la CIDH del país.
