Nuevas herramientas metodológicas revelaron comunicaciones entre integrantes del crimen organizado y personal forense local.
Las investigaciones confirmaron el uso irregular de teléfonos de las víctimas y hallazgos relevantes en instalaciones funerarias.
Las autoridades de la Secretaría de Gobernación informaron sobre los avances derivados del reanálisis técnico y científico del material telefónico compilado a 12 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. La revisión metodológica de los registros y sábanas de llamadas mediante nuevas herramientas tecnológicas permitió identificar a 17 personas presuntamente implicadas en los hechos que previamente no figuraban en los expedientes de la investigación.
Entre los principales hallazgos destaca la detección de múltiples comunicaciones ocurridas la noche de los hechos entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, propietarios de una funeraria privada y personal asignado al servicio médico forense de la región. A partir de estos datos, las autoridades obtuvieron órdenes de cateo que derivaron en el aseguramiento de armas de fuego, documentación oficial firmada en blanco, restos óseos y el hallazgo de un cuerpo sepultado en el predio de las instalaciones inspeccionadas.
Asimismo, las pesquisas establecieron que los equipos celulares de al menos tres estudiantes continuaron operando tras su desaparición, siendo utilizados con distintos chips por exfuncionarios y un agente de la policía municipal. La geolocalización y rastreo de dichos dispositivos reforzó la línea de investigación que señala la detención y traslado de un grupo de alumnos hacia el juzgado cívico local antes de ser entregados a corporaciones policiales de municipios colindantes.
