La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma al Poder Judicial. Los legisladores ahora discutirán 330 propuestas de modificación.
La reciente propuesta de reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación. La reforma permitiría que cualquier persona con un título en Derecho pueda postularse para dirigir un tribunal, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores del sector, quienes temen por la imparcialidad y la calidad de la justicia.
La medida, que también permitiría a los actuales jueces y magistrados postularse nuevamente para integrarse al Poder Judicial de la Federación, ha sido objeto de controversia. En respuesta, empleados del Poder Judicial, incluyendo administrativos de base, secretarios de acuerdos y actuarios, han iniciado un paro de labores. Los manifestantes han colocado cadenas y candados en las puertas de varios recintos judiciales, extendiendo la protesta a jueces y magistrados.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) estima que alrededor de 1,200 jueces están participando en esta huelga en todo el país. Aunque el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo del Poder Judicial, ha respaldado el paro, ha asegurado que se mantendrán servicios mínimos para atender casos urgentes y graves.
Esta situación también ha tenido un impacto en el clima de negocios en México. Agencias de calificación como Fitch Ratings, así como entidades financieras internacionales como Citibanamex, Bank of America y Morgan Stanley, han expresado inquietudes sobre el impacto de la reforma en la estabilidad del país. Los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han revelado preocupaciones de sus respectivos inversionistas, y el peso mexicano ha experimentado una depreciación significativa, acercándose a las 20 unidades por dólar, reflejo de la creciente aversión al riesgo en los mercados financieros.
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