La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, manifestó su total respaldo al llamado emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la dirigencia nacional del partido Morena para transparentar el historial de contrataciones en el Instituto Nacional Electoral. El posicionamiento institucional exige la apertura de investigaciones exhaustivas sobre la presunta conformación de redes de negocios electorales que habrían operado en el organismo a lo largo de los últimos veintisiete años de gestión administrativa.
El pronunciamiento se suma a las denuncias de la cúpula partidista respecto a la adjudicación de contratos por montos superiores a los dos mil millones de pesos otorgados a consorcios y empresas con vínculos corporativos entre sí. El análisis de los expedientes señala que dichas asignaciones presupuestales se habrían concretado durante las administraciones encabezadas por Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón y Edmundo Jacobo Molina en el control operativo del instituto comicial.
La postura fijada desde la representación legislativa enfatiza que la autonomía constitucional del órgano electoral no debe interpretarse como una patente de impunidad frente al manejo de los recursos públicos. Ante este panorama, se formalizó el apoyo a la interposición de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República, así como a la propuesta formulada por el Ejecutivo federal para consolidar a la empresa paraestatal Talleres Gráficos de México como proveedora estratégica prioritaria en la elaboración de los insumos y papelería comicial con miras a los procesos electorales de dos mil veintisiete.
El seguimiento de la iniciativa plantea la necesidad de someter a revisión integral los esquemas de licitación previa y asignación directa que se ejecutaron en los ejercicios fiscales recientes dentro de la estructura electoral. Las acciones posteriores contemplan la fiscalización por parte de los órganos de control y la presentación de auditorías financieras sobre los proveedores históricos institucionales para garantizar la máxima publicidad y eficiencia en el gasto público del organismo.
