El conjunto de modificaciones promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no lograron ser aprobadas en la legislatura actual podrían materializarse si Morena y sus partidos aliados aseguraron los votos necesarios en las elecciones del pasado 2 de junio. Esto es debido a que para cambiar la Constitución Política Mexicana se requiere la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, un porcentaje que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podrían obtener, según las previsiones.
En consecuencia, la 4T está preparada para implementar el denominado Plan C, con el objetivo de aprobar las 18 reformas propuestas por el mandatario federal. El nuevo Congreso de la Unión comenzará sus funciones en septiembre de este año, por lo que los legisladores de la 4T podrían, en una tarea ardua, buscar la aprobación de las iniciativas antes de que concluya el sexenio. Entre las prioridades se encuentra la reforma al Poder Judicial de la Federación, que incluye la propuesta de que los ministros, magistrados y jueces sean designados mediante elección popular.
Cómo serían las elecciones para definir a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación
Desde que en febrero de este año López Obrador envió al Congreso el paquete de reformas, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, explicó cómo se llevará a cabo el proceso de elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de jueces y magistrados. Si las reformas judicial y electoral se aprueban este año, las elecciones serán a principios de 2025, organizadas por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), organismo que se pretende sustituya al Instituto Nacional Electoral (INE).
El proceso de selección de candidaturas implicará la definición de 30 candidaturas paritarias. De estas, 10 serán propuestas por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo (5 por el Senado y 56 por la Cámara de Diputados) y 10 por el Poder Judicial a través del pleno de la SCJN con una mayoría de al menos 6 votos. Además, el proceso electoral incluirá la verificación de las candidaturas por parte del Senado para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. Una vez aprobadas, se llevará a cabo una campaña de 60 días sin precampaña, en la que no se admitirá financiamiento público o privado.
La iniciativa de López Obrador propone que los mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito se elijan mediante elecciones ordinarias en cada uno de los 32 circuitos judiciales que existen en el país. Es decir, cada persona podría votar por los jueces y magistrados que correspondan a su circuito judicial o entidad federativa.
También se limitaría la participación de partidos políticos al prohibirse los actos proselitistas a favor o en contra de cualquiera de las personas candidatas.
El Ejecutivo sería el encargado de proponer la terna para ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal de Disciplina, como sucede actualmente. Mientras que el órgano de administración judicial haría lo propio para magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Para magistrados electorales, la terna sería propuesta por la Suprema Corte.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será el encargado de resolver las impugnaciones y de declarar los resultados, excepto en los casos que involucren a sus propios integrantes, en los cuales la resolución corresponderá a la SCJN.
Alcalde indicó que en caso de ausencia definitiva de un ministro, magistrado o juez, el Senado designará un interino por mayoría calificada hasta la próxima elección ordinaria.
