La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, denunció que su expulsión del partido Morena constituye un acto de «violencia política en razón de género«. La edil aseguró estar preparada para enfrentar una persecución política una vez que concluya su mandato a finales de este mes.
En una entrevista tras una reunión con líderes de Morena, Hernández Martínez adelantó que acudirá a los tribunales para impugnar la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, que resolvió su expulsión bajo la acusación de haberse reunido con Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo criminal «Los Ardillos». El encuentro habría tenido lugar en un restaurante ubicado entre los municipios de Mochitlán y Quechultenango, en la zona centro de Guerrero.
«Mi expulsión es una clara muestra de la violencia política de género que se ejerce en mi contra. Esto tiene nombre y apellido. Vamos a impugnar ante los tribunales, porque resulta que la Comisión de Honestidad y Justicia ahora actúa como Ministerio Público, pese a que no existe ningún proceso penal en mi contra», subrayó la alcaldesa.
Hernández también cuestionó el rol de la CNHJ de Morena, acusando al órgano de excederse en sus funciones al sancionarla por un tema que, según afirmó, carece de sustento legal. A pesar de la controversia, reiteró su postura de defensa y aseguró que continuará luchando por sus derechos políticos.
La expulsión de la alcaldesa ha generado diversas reacciones en la política local, especialmente porque solo unos días antes de su destitución, Hernández asistió a la asamblea «Construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación», un evento encabezado por el dirigente morenista René Bejarano, en compañía de otros miembros del partido.
La polémica en torno a Hernández Martínez se intensificó tras la publicación de un video en redes sociales que la vinculaba con miembros del crimen organizado, lo que llevó a la CNHJ a tomar la decisión de separarla del partido. Sin embargo, la alcaldesa ha negado categóricamente cualquier relación con grupos delictivos y sostiene que la medida es parte de un ataque político motivado por su género.
El caso de Norma Otilia Hernández resalta en un contexto de crecientes tensiones dentro de Morena y el proceso interno para definir candidaturas en Guerrero, lo que ha generado un ambiente de confrontación política.
