Con el firme compromiso de continuar la lucha por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, concluyó esta tarde la Asamblea Nacional Popular. En esta reunión, se denunció que «este gobierno no ha logrado brindar verdad y justicia. A la fecha, desconocemos el paradero de nuestros hijos. Las investigaciones solo avanzaron hasta el año 2022».
El presidente Andrés Manuel López Obrador «se ha empeñado en crear un falso debate sobre un supuesto intervencionismo extranjero y sobre las organizaciones de derechos humanos que han entorpecido el caso, como una mera excusa de su fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa».
Al concluir la asamblea, realizada en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa en Tixtla, se dio a conocer la postura de los padres de familia: «cuando se procesó a 20 militares y se exigió una investigación contra ellos, comenzaron las tensiones con el presidente. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) fueron desmanteladas y sus titulares renunciaron en medio de presiones y hostigamiento militar. El propio Alejandro Encinas ha sido citado para ser interrogado por los militares, ante el silencio del presidente».
Recordaron que «los 17 estudiantes sacados de la barandilla municipal; los estudiantes ingresados al 27 Batallón y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos; las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé permanecen sin progreso ni avances».
Podemos prever que «no habrá novedades ni avances en el caso durante el tiempo que le queda al presidente. Lo único que veremos en las mañaneras serán los vituperios contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Vidulfo Rosales».
Las pruebas contra el ejército son claras: un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, existen documentos militares que aprueban sus cursos y exámenes como agente de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el 29 de septiembre de 2014; los militares dieron seguimiento a nuestros hijos desde que llegaron a Iguala hasta su desaparición.
Además, «intervinieron llamadas de los 17 estudiantes trasladados de la barandilla municipal; datos de prueba establecen que mandos militares del 27 Batallón tenían vínculos delictivos con el grupo Guerreros Unidos; y un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27 Batallón y entregados a Guerreros Unidos. Corresponde al gobierno demostrar la plena participación del ejército y no invertir la carga de la prueba en las madres y padres de los 43».
La clase política «vuelve al presidencialismo vertical y a la construcción de un partido político de estado dominante, aliado con las élites económicas y los militares, por lo que difícilmente habrá cambios estructurales. Morena se pretende erigir como impulsor de las luchas de izquierda llamando conservadores a aquellos que siguen una ruta de lucha independiente y desde abajo».
Ninguna lucha de izquierda «independiente y desde abajo es válida para la nueva élite política; todos son conservadores. Para ellos, la única forma de participación válida es dentro de las coordenadas de Morena y a través del sufragio».
Las elecciones locales se ganan con dinero, «terreno fértil para los grupos delictivos que se incrustan en las estructuras del Estado. En esta contienda electoral, ellos ganaron. En Guerrero, más de cinco ayuntamientos serán gobernados por grupos de la delincuencia organizada».
Los jerarcas militares «tienen una visión clasista y elitista, más preocupados por realizar tareas de contrainsurgencia y contener las luchas de izquierda, que por velar por la seguridad nacional».
El próximo 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala.
Con información de La Jornada
