Organizaciones civiles y activistas a favor del uso de vaporizadores y cigarros electrónicos se manifestaron este miércoles a las afueras del Senado de la República para exigir la instalación de una mesa de diálogo que permita regular el uso de estos dispositivos en las leyes secundarias de la reforma a la Ley General de Salud.
Los manifestantes advirtieron que la actual prohibición está generando efectos contrarios a los esperados, al fomentar el crecimiento del mercado negro, complicar los esfuerzos en la lucha contra el tabaquismo y poner en riesgo la salud de menores de edad, al no existir controles efectivos sobre su acceso.
Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, explicó que la intención de este llamado es “abrir espacios para construir, junto a legisladores, un marco legal que permita regular de forma adecuada la distribución y venta de vaporizadores, cigarros electrónicos y dispositivos análogos”.
Cirión Lee denunció que la prohibición ha favorecido el control del crimen organizado sobre la oferta de estos productos, al eliminar canales legales de distribución. “Una regulación efectiva no solo protegería a los consumidores garantizando productos seguros, sino que también ayudaría a reducir el mercado ilegal, generar ingresos fiscales y controlar el acceso a menores, lo cual es prácticamente imposible en un entorno clandestino”, advirtió.
Las organizaciones señalaron que la reforma constitucional aprobada en enero de este año —que prohíbe el uso, comercialización y distribución de vaporizadores— ha tenido consecuencias negativas, como una regresión en la lucha contra el tabaquismo, evasión fiscal y un aumento en el consumo entre jóvenes.
En el marco del Día Mundial del Vapeo, celebrado el pasado 31 de mayo, especialistas y activistas emitieron un comunicado conjunto alertando sobre el alarmante crecimiento del mercado negro en México, derivado de políticas prohibitivas sin una regulación efectiva.
De acuerdo con datos de las organizaciones, más de 2 millones de personas utilizan vaporizadores en el país, muchos de ellos como una herramienta para dejar de fumar tabaco. Sin embargo, la prohibición actual ha cerrado las puertas a estos exfumadores para acceder de forma segura a tecnologías que podrían apoyar su proceso de cesación.
Los activistas hicieron un llamado urgente al Congreso para replantear el enfoque legal actual y avanzar hacia una regulación responsable que contemple tanto la salud pública como la reducción de daños.
