CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) ha intervenido directamente en la polémica por el acceso a la playa Las Cocinas, en Nayarit, prometiendo garantizar el paso libre y sin restricciones para todos los ciudadanos. La medida se anuncia tras un crítico enfrentamiento ocurrido en la zona entre manifestantes que exigían su derecho al libre tránsito y elementos policiales.
Alerta por conflicto en la costa
El incidente que encendió las alertas a nivel nacional se originó cuando un grupo de personas, cansadas de los obstáculos para llegar a la playa, decidieron manifestarse. La protesta escaló a un tenso altercado físico con agentes de policía presentes en el lugar, cuyas imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando una fuerte condena y evidenciando un problema recurrente en los destinos turísticos de México.
Gobernación fija postura: las playas son públicas
En respuesta a la creciente presión social y mediática, la Segob emitió un comunicado contundente. La dependencia federal aseguró que se coordinará con las autoridades estatales y municipales para eliminar cualquier barrera física o humana que impida el acceso a Las Cocinas. Se recordó que la legislación mexicana es clara al estipular que todas las playas del territorio nacional son bienes de uso público y su acceso no puede ser privatizado ni condicionado bajo ninguna circunstancia.
Un precedente para otros destinos
La intervención de la Secretaría de Gobernación en este caso específico es vista por activistas y ciudadanos como un paso crucial. Se espera que esta acción no solo resuelva la situación en Nayarit, sino que también sirva como un precedente para otros destinos turísticos del país donde se reportan conflictos similares por el cierre de accesos públicos a las costas mexicanas, un derecho fundamental de la población.
Ahora, la atención se centra en la implementación de esta promesa. Se espera que en los próximos días se definan las acciones específicas para asegurar el corredor de acceso a la playa de manera permanente. Mientras tanto, colectivos y ciudadanos se mantienen vigilantes para asegurar que el compromiso del gobierno federal se materialice y no quede solo en una declaración, sentando un precedente importante para la defensa de los espacios públicos costeros en todo el país.
