Hoy, se conmemora el primer aniversario de la devastadora tragedia migratoria que sacudió a Ciudad Juárez, Chihuahua.
Hace un año, un incendio en una estancia migratoria dejó un saldo desgarrador: 40 hombres perdieron la vida y otros 27 resultaron heridos, dejando cicatrices imborrables en la comunidad migrante y sus familias.
Desdén institucional tras tragedia migratoria
A pesar del tiempo transcurrido, la búsqueda de justicia sigue siendo una lucha constante para los afectados y sus seres queridos. Organizaciones civiles y defensoras de los derechos de los migrantes señalan un desdén institucional y pocos avances en las investigaciones, reparaciones y sentencias por parte de las autoridades responsables.
“No hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”, se explica en un comunicado firmado por organizaciones como el Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) y Asylum Access.
Según el comunicado emitido, las entidades señaladas por su negligencia e inacción son el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El INM es señalado no solo por su responsabilidad en la custodia de los migrantes aquel día, sino también por haber intimidado y amenazado a los sobrevivientes que buscaban ayuda de organizaciones de la sociedad civil.
Además, se le acusa de haber gestionado las compensaciones de manera opaca y de haber expuesto a las familias de los fallecidos a posibles extorsiones al anunciar montos económicos como reparación del daño. Incluso, según el comunicado, ha intentado mejorar su imagen con acciones publicitarias, como el embellecimiento de sus instalaciones migratorias.
En cuanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se le critica por su pasividad en el proceso de reparación del daño, dejando en manos del INM dichas responsabilidades y cometiendo omisiones en su actuación.
Respecto a la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF), se señala la escasa progresión en el proceso penal, a pesar de que hay 11 personas bajo proceso judicial en relación con el incidente.
Por último, las organizaciones resaltaron que desde 2018 se han registrado 41 motines y cuatro incendios como protesta por las inhumanas condiciones de detención en estancias migratorias, resultando en 55 muertes de migrantes bajo custodia gubernamental durante la presente administración, en comparación con 16 en el sexenio anterior.
Familias de las víctimas exigen respuestas claras y medidas concretas para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.
A un año de esta dolorosa pérdida, el llamado a la justicia y la rendición de cuentas sigue resonando en Ciudad Juárez y más allá.
