A pesar de que cinco de cada 10 mujeres y personas menstruantes experimentan dolores agudos durante su periodo, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el momento solo tres estados en México han aprobado la Licencia Menstrual, que permite a las trabajadoras del estado ausentarse del trabajo por hasta dos días al mes con goce de sueldo, siempre y cuando cuenten con un certificado médico que justifique su situación.
Los estados pioneros en reconocer este derecho son Hidalgo, Colima y Nuevo León. Colima lideró el camino en mayo de 2022, incorporando la medida como parte de una reforma integral destinada a garantizar una menstruación digna, enfocada especialmente en las personas trabajadoras al servicio del gobierno y organismos descentralizados. Hidalgo se sumó en mayo de 2023, aprobando la licencia menstrual para mujeres y personas menstruantes diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante. Nuevo León se unió en enero de 2024, permitiendo incluso realizar actividades profesionales a distancia a través de herramientas tecnológicas.
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Aunque la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma en febrero de 2023, la falta de competencia para modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, ha impedido que la licencia menstrual sea una realidad en la capital del país. Este proceso requiere la aprobación del Congreso de la Unión para su materialización.
Licencia menstrual
Anahí Rodríguez, cofundadora de Menstruación Digna México, destaca que la licencia menstrual es un avance legislativo en materia de derechos menstruales. Sin embargo, señala que su implementación enfrenta retos significativos, incluyendo barreras estructurales y la necesidad de certificación médica, lo cual no siempre es accesible para todas las personas, destacando la importancia de abordar la problemática de manera integral.
La licencia menstrual se erige como un paso importante en la lucha por el derecho a una menstruación digna, pero su aplicación requiere abordar no solo aspectos legislativos, sino también cuestiones de acceso a servicios de salud y productos para la gestión menstrual.
