El actual proceso electoral en México, destinado a elegir a la próxima presidenta, ha registrado un preocupante incremento en los casos de violencia política, acumulando un total de 749 ataques hasta la fecha. Se espera que esta cifra alcance al menos 760 incidentes para el fin de las elecciones el 2 de junio.
Según un reporte de Integralia, que abarca del 7 de septiembre de 2023 al 28 de mayo de 2024, de las 749 víctimas, 316 fueron aspirantes o candidatos, 131 políticos o expolíticos, 130 funcionarios o exfuncionarios, 133 fueron daños colaterales y 39 eran familiares de los involucrados.
Las amenazas han sido el tipo de agresión más común, con 233 casos reportados. Les siguen los asesinatos (231), atentados con arma de fuego (159), desapariciones (21), secuestros (18) y otros eventos violentos (87). En comparación, el proceso electoral de 2018 registró 382 casos de violencia política, lo que indica un alarmante aumento en la violencia electoral.
Armando Vargas, consultor senior de Integralia, destacó que «Prácticamente ya vamos al doble y de hecho es muy probable que se dupliquen, pero más allá de estos números, el balance general es que hoy, como nunca antes, nuestra democracia está capturada por los grupos criminales a lo largo y ancho del país”.
El estudio también revela que Morena encabeza la lista de partidos afectados con 61 agresiones, seguido del PRI con 58 y el PAN con 43 casos. Movimiento Ciudadano registró 30 incidentes, el PRD 29, el PVEM 20 y el PT 13.
Vargas Hernández subrayó que el crimen organizado ha influido directamente en la participación política y ciudadana, limitando las opciones en la boleta electoral y permitiendo que, en muchos casos, los candidatos sean utilizados como vehículos para expandir el control territorial del crimen organizado.
Además, advirtió que es «indudablemente» probable que se presenten casos de violencia durante las elecciones del 2 de junio, incluyendo intervenciones en casillas y movilización del voto.
Ante este escenario, Vargas exhortó al Estado a reconocer la gravedad del problema e implementar una estrategia eficaz contra el crimen organizado, que incluya el desmantelamiento de sus bases sociales, fuentes de financiamiento y su sistema de inteligencia.
