Según el último informe de Integralia Consultores, la violencia política en México ha alcanzado niveles alarmantes, con un promedio de un candidato víctima cada dos días. Desde septiembre de 2023 hasta el 1 de abril de 2024, la consultora documentó que 127 aspirantes o candidatos fueron víctimas de distintas formas de violencia política.
Los datos revelan una realidad preocupante: 72 candidatos fueron amenazados, 24 perdieron la vida en ataques directos y 16 sufrieron atentados con armas de fuego. Además, se registraron casos de secuestros y otras formas de violencia, evidenciando una escalada de agresiones que afecta el proceso electoral.
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El informe señala que el 73.4% de las agresiones se concentran en aspirantes a cargos municipales, seguidos por el 14.5% en candidatos a puestos federales y el 7.3% en candidatos estatales. Estos ataques son más frecuentes en áreas donde existen disputas entre grupos criminales, exacerbando la inseguridad y la vulnerabilidad de los candidatos.
Además, la violencia no se limita únicamente a los candidatos, sino que también impacta a funcionarios o exfuncionarios públicos, políticos o expolíticos, así como a familiares de los aspirantes. En total, se contabilizan 399 víctimas, con un promedio de 1.8 por día, lo que evidencia una crisis de seguridad en el proceso electoral.
En cuanto a las modalidades de violencia, se registraron 161 asesinatos, 100 amenazas y 85 atentados durante el periodo analizado. A esto se suman casos de secuestros, desapariciones y otras formas de violencia que contribuyen a un clima de inestabilidad y temor.
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Es importante destacar que el proceso electoral 2023-2024 ya ha superado en violencia a procesos anteriores. Mientras que en 2018 se registraron 389 víctimas de violencia política y en 2021 fueron 299, en el actual proceso ya suman 399 víctimas, marcando un triste récord en la historia moderna de México.
Ante esta situación, es fundamental que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos y el desarrollo democrático del país, así como para investigar y sancionar a los responsables de estos actos criminales que atentan contra la estabilidad y la paz pública.
