Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ha propuesto la posibilidad de reconfigurar el protocolo para asignar seguridad a los candidatos, en respuesta al creciente número de asesinatos registrados durante el proceso electoral. Esta declaración surge tras el reciente aumento de la violencia electoral en el país.
Taddei señaló que junto a las autoridades de seguridad se han considerado ajustes en el protocolo para garantizar la seguridad de aquellos que buscan ocupar un cargo de elección popular en las próximas elecciones. «Pusimos sobre la mesa justo ese tema, ¿Cómo poder revalorar? Y yo creo que aquí el camino seguirá siendo recibir la información, local o federal, ponerlo en la mesa y con las nuevas apreciaciones las propias instancias de seguridad definirán protocolos de seguridad», explicó.
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La consejera presidenta del INE destacó la importancia de incluir nuevos criterios para definir y garantizar con mayor eficacia la seguridad de los candidatos. Se plantea la posibilidad de modificar los criterios actuales del protocolo, que actualmente marca tres niveles de riesgo (alto, medio y bajo), con la intención de reconfigurarlos y priorizar la seguridad en los niveles medio y alto.
Estas declaraciones surgen en un contexto marcado por el asesinato a balazos de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, uno de los casos de mayor perfil hasta el momento en México. Celaya, siendo la tercera ciudad más poblada de Guanajuato, enfrenta una situación de violencia que ha llevado a solicitar protección federal para otros 40 candidatos locales en el estado.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal reconoció el pasado martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral, además de haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante la violencia.
Con más de 50 asesinatos documentados relacionados con las elecciones del próximo 2 de junio en México, según el Laboratorio Electoral, el país enfrenta un desafío significativo en cuanto a la seguridad de los candidatos durante el proceso electoral.
