Aseguran que operadores de Nahle están en paraísos fiscales

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El empresario Arturo Castagné ha revelado información comprometedora sobre Juan Javier Gómez Cazarín y Eleazar Guerrero Pérez, ambos operadores políticos de Rocío Nahle, aspirante a la gubernatura de Veracruz. Según Castagné, estos individuos están siendo investigados por la Administración de Control de Drogas (DEA) por el manejo de recursos ilícitos, provenientes de sobornos y pagos de la delincuencia organizada.

En su cuenta de X, Castagné expuso que Gómez Cazarín, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política (JOCUPO), tiene cuentas bancarias en Bahamas con movimientos de hasta 450 mil dólares en el último año. Además, afirmó que Gómez Cazarín posee más de un millón de dólares en una sola cuenta en dicho paraíso fiscal.

«Empezaré por exhibir información bancaria en paraísos fiscales sobre el diputado Local y presidente de la Junta de Coordinación Política (JOCUPO) Juan Javier Gómez Cazarín. Lo reto a que ante notario público solicite información sobre estos mismos datos bancarios que publiqué a las mismas instituciones bancarias en mi presencia. Es un mitómano, cínico y corrupto», declaró Castagné.

El empresario instó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a investigar, sancionar y congelar las cuentas de Gómez Cazarín. Asimismo, indicó que Eleazar Guerrero Pérez, exsubsecretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, también está siendo investigado por la DEA por lavado de dinero y manejo de recursos ilícitos.

Desde abril, Castagné ha denunciado que Rocío Nahle adquirió propiedades en Boca del Río, Coatzacoalcos y Villahermosa, y liquidó créditos por alrededor de 100 millones de pesos en 2019, a pesar de tener un salario mensual de 100 mil pesos como secretaria de Energía. Además, acusó que en un recorrido de Nahle se utilizó una camioneta con reporte de robo y otra que pertenece al Ayuntamiento de Martínez de la Torre.

El empresario también presentó una denuncia ante la FGR contra Nahle y su esposo por enriquecimiento ilícito, corrupción, uso ilícito de atribuciones y lavado de dinero. «¿La autoridad competente seguirá siendo omisa ante mis señalamientos y pruebas que acreditan su inexplicable riqueza o finalmente le llamarán a cuentas?», cuestionó Castagné el 7 de mayo.

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