En una reciente audiencia judicial, Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial y figura destacada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), ha sido condenado a 19 años y 8 meses de prisión por su presunta participación en las matanzas de Pativilca y La Cantuta, perpetradas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La jueza Miluska Cano, encargada de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, detalló que esta condena se considera «compurgada» al tener en cuenta que Montesinos ha estado en prisión desde enero de 2001 y aceptó la «autoría mediata» de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.
La Fiscalía solicitó penas mínimas de 25 años de prisión para todos los acusados en este juicio, incluyendo a Fujimori, Montesinos y otras 21 personas.
Aunque los demás imputados optaron por no acogerse a la «conclusión anticipada» y continuarán siendo enjuiciados, Montesinos deberá abonar, de manera solidaria, 500 mil soles a cada heredero legal en el caso Pativilca y 50 mil soles en el caso La Cantuta.
Tras la lectura de la sentencia, Montesinos expresó su conformidad, mientras que la fiscal Elsa Paola Delgado anunció que el Ministerio Público podría impugnar «el extremo punitivo» de la resolución.
En un desarrollo adicional, el abogado de Fujimori, Elio Riera, presentó una solicitud para que la Fiscalía aclare la inclusión del concepto de lesa humanidad en la acusación, a lo que la fiscal respondió que este tema no es objeto de debate en esta etapa del proceso.
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La jueza Cano explicó que la calificación de «lesa humanidad» se refiere a la naturaleza en que se cometieron los crímenes y destacó su origen en los juicios a los jerarcas nazis en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial.
Además de Fujimori y Montesinos, otros involucrados en este proceso incluyen al exjefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, y al exgeneral Luis Pérez Documet, junto con los miembros del grupo militar Colina.
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El veredicto también reveló que Fujimori, de 85 años, quien salió de prisión en diciembre pasado por un indulto restituido por el Tribunal Constitucional, rechazó la conclusión anticipada, y se discutió la posibilidad de imponerle 18 meses de arresto domiciliario.
Este veredicto representa un paso significativo en la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú durante el gobierno de Fujimori y arroja luz sobre la participación de figuras clave en estos eventos tumultuosos de la historia peruana.
